El informe regional de TRACIT adapta la metodología del Índice de Comercio Ilícito 2025 para evaluar la capacidad de siete países centroamericanos —Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá— para prevenir, detectar y combatir el comercio ilícito.

El estudio examina seis áreas:

• Entorno fiscal y económico
• Marco regulatorio y aplicación de la ley
• Facilitadores criminales
• Comercio, aduanas y fronteras
• Intermediarios de la cadena de suministro
• Indicadores sectoriales.

Para cada país presenta un diagnóstico, su desempeño en el índice, las principales vulnerabilidades y recomendaciones específicas de política pública.

Entre sus conclusiones, advierte que la ubicación de Centroamérica la convierte simultáneamente en un puente comercial y en un corredor para actividades ilícitas. Estas comprenden la falsificación de productos, el contrabando de tabaco y alcohol, el comercio ilegal de medicamentos, los delitos ambientales, el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico ilícito de migrantes.

Las principales vulnerabilidades regionales son las deficiencias en la supervisión de las zonas francas y las cadenas de suministro, la informalidad, la corrupción y la aplicación desigual de las normas. Aunque Costa Rica y Panamá muestran el mejor desempeño regional, todavía presentan brechas importantes frente a los países líderes a escala mundial.

TRACIT enfatiza que el comercio ilícito no es únicamente un problema aduanero o fronterizo, sino también financiero e institucional. Por ello, recomienda una estrategia regional coordinada que integre a aduanas, autoridades tributarias, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera, reguladores y sector privado.

Entre las principales medidas propuestas se encuentran:

• Fortalecer la cooperación transfronteriza y el intercambio público-privado de información.
• Mejorar la supervisión de las zonas francas y de las mercancías en tránsito.
• Aplicar medidas de conocimiento del cliente y debida diligencia a operadores logísticos e intermediarios de la cadena de suministro.
• Utilizar datos electrónicos anticipados, perfiles de carga e inteligencia para dirigir las inspecciones.
• Facultar a las aduanas para actuar de oficio frente a mercancías ilícitas o falsificadas.
• Vincular las investigaciones de comercio ilícito con las de blanqueo de capitales, especialmente frente a la facturación falsa, las sociedades pantalla y las estructuras de propiedad opacas.
• Reforzar las sanciones, los controles anticorrupción y la protección de denunciantes.
• Sensibilizar a la ciudadanía sobre el comercio ilícito como una amenaza económica, institucional, sanitaria y de seguridad.

En síntesis, el informe sostiene que la respuesta regional debe basarse en la cooperación, el intercambio de información, la inteligencia financiera, la debida diligencia y una supervisión más efectiva de las fronteras, zonas francas y cadenas de suministro.

Panamá se ubica como el segundo país con mejor desempeño de Centroamérica, con un puntaje de 49.6 en el Índice de Comercio Ilícito. A nivel mundial, ocupa el puesto 81 entre 158 economías evaluadas. En la región, se ubica en segundo lugar, solo por detrás de Costa Rica, con un puntaje superior al de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

La evaluación muestra que, entre los logros regulatorios recientes más significativos, se incluye su salida de la lista gris del GAFI y de la lista de la UE de terceros países de alto riesgo, pero el cumplimiento aún no se ha traducido en efectividad y los procesos penales son escasos en relación con la magnitud del comercio ilícito en el país.

A pesar de estas fortalezas, el informe identifica riesgos estructurales asociados a la Zona Libre de Colón, una de las zonas francas más grandes del mundo. Si bien desempeña un papel fundamental en la facilitación del comercio legítimo, también es ampliamente explotada para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la redistribución de productos ilícitos. Los limitados mecanismos de supervisión permiten que las redes criminales aprovechen la zona para el ocultamiento, el reempaquetado y la reexportación de medicamentos, tabaco y falsificaciones ilícitos.

Las recientes mejoras en la capacidad aduanera de Panamá se reflejan en su avance de 13 puntos percentiles en el Índice respecto de evaluaciones anteriores. Este progreso se debe en parte a un aumento de 8 puntos en el pilar aduanero, lo que subraya el impacto de las reformas en curso lideradas por la Autoridad Nacional de Aduanas.

Entre las principales recomendaciones del informe de TRACIT:

• Fortalecer el marco regulatorio y los controles que rigen las zonas francas
• Continuar los esfuerzos de la ANA para fortalecer la capacidad de inspección aduanera y la selección basada en riesgo
• Fortalecer las medidas para mitigar la corrupción, la delincuencia y el lavado de activos
• Establecer una supervisión regulatoria para el comercio electrónico y los canales postales