Durante las últimas dos décadas, Panamá ha experimentado una transformación significativa en materia de cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales (PBC), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
Lo que comenzó como un sistema enfocado principalmente en el sector bancario ha evolucionado hacia un modelo integral que involucra a múltiples sectores económicos, organismos supervisores y mecanismos de cooperación internacional. Actualmente, Panamá es reconocido como una de las jurisdicciones más activas de la región en la implementación de estándares internacionales de cumplimiento, impulsado por compromisos ante organismos multilaterales y la necesidad de fortalecer su reputación financiera global.
El sistema panameño de prevención de blanqueo de capitales no surge de manera aislada.
Panamá ha suscrito y adoptado múltiples instrumentos internacionales, entre ellos:
Convención de Viena (1988) Estableció las primeras bases para combatir el lavado de dinero derivado del narcotráfico.
Convención de Palermo (2000), Amplió el enfoque hacia la delincuencia organizada transnacional y fortaleció los mecanismos de cooperación internacional.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Mérida, 2003) Impulsó medidas para identificar activos ilícitos, beneficiarios finales y mecanismos de recuperación de activos.
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Especialmente aquellas relacionadas con sanciones financieras dirigidas, congelamiento de activos y financiamiento del terrorismo.
Recomendaciones del GAFI Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional constituyen hoy la base técnica sobre la cual Panamá desarrolla gran parte de su marco regulatorio.
Uno de los hitos más importantes fue la promulgación de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, considerada la piedra angular del sistema moderno de prevención de blanqueo de capitales. Esta legislación introdujo:
Enfoque basado en riesgos.
Debida diligencia del cliente.
Identificación del beneficiario final.
Reporte de operaciones sospechosas.
Programas de capacitación.
- Controles internos de cumplimiento
Inclusión de sectores adicionales al financiero en la lucha contra el BC, FT y FPADM, que pudiesen ser susceptibles a estas actividades.
El éxito del sistema panameño depende de la participación de múltiples sectores económicos Entre los principales sujetos obligados se encuentran:
Sujetos obligados financieros
- Bancos
- Cooperativas
- Empresas fiduciarias
- Casas de valores
Aseguradoras.
Sujetos obligados no financieros
- Abogados
- Contadores
- Promotores inmobiliarios
- Corredores de bienes raíces
- Empresas de Zona franca y Zona libre
- Comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas
- Casinos
Empresas dedicadas a la compraventa de vehículos.
Cada uno de estos sectores, unidos por el objetivo común de prevenir el blanqueo de capitales (BC), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), desempeña un papel fundamental dentro del sistema nacional de prevención.
A través de la cooperación entre el sector público y privado, así como del intercambio de información a nivel nacional e internacional, constituyen líneas de defensa complementarias que, en conjunto, fortalecen la capacidad del país para detectar, prevenir y mitigar riesgos financieros ilícitos, actuando como un verdadero escudo para la integridad y reputación del sistema panameño.
A través de la adopción de tratados internacionales, la implementación de las recomendaciones del GAFI, y la ampliación de la supervisión a diversos sectores económicos, Panamá ha construido un sistema cada vez más robusto y alineado con las mejores prácticas globales.
La próxima evaluación internacional representa una oportunidad para demostrar los esfuerzos de Panamá, por transformar una economía, cuyo epicentro sea la confianza y la apertura al comercio licito internacional, en la base de herramientas estratégicas para fortalecer la reputación, la transparencia y la sostenibilidad del país.